Los condenados a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por haber incurrido en delito doloso, no pueden postular a la Presidencia, vicepresidencias de la República, ni al Congreso de la República o representante al Parlamento Andino.

Así lo establece la Ley N° 30717, que tiene como finalidad promover la idoneidad de los candidatos a cargos públicos representativos, y que fue promulgada por el Congreso de la República el 9 de enero del 2018, después de allanarse a las observaciones del Poder Ejecutivo, según el artículo 108 de la Constitución Política del Perú. 

Respecto a los postulantes a cargos de congresistas, la norma establece que en el caso de los sentenciados por ser autores de delitos de tipos penales referidos a terrorismo, apología, tráfico ilícito de drogas o violación de la libertad sexual, el impedimento es aplicable aun cuando las personas hayan sido rehabilitadas.

En esa misma situación se encuentran quienes delinquieron en su condición de funcionarios y servidores públicos y son condenados a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida por haber incurrido en delitos de colusión, peculado, corrupción de funcionarios, aun cuando hubieran sido rehabilitados.

El dispositivo legal también establece impedimentos para los postulantes a las elecciones de gobiernos regionales y municipales.