La Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que preside el congresista Humberto Morales Ramírez (FA) aprobó, por mayoría, el dictamen que recomienda la aprobación de la propuesta que tipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional en el marco de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.

La iniciativa, que anteriormente fue sancionada, por unanimidad, por la Comisión de Fiscalización, motivó un arduo debate en la sesión que se desarrolló en la sala Grau. La congresista Mercedes Aráoz (PPK) opinó que el proyecto tiene un contenido complejo y que, inclusive, pone en cuestionamiento la figura de la retroactividad de una norma.

Zacarías Lapa (FA) manifestó que la propuesta tiene como objetivo lo que indica, es decir tipificar las conductas infractoras que se cometen en la administración pública. La legisladora Úrsula Letona (FP) consideró que la norma es clara pero si se tendría que aclarar algo precisando la incompatibilidad entre la Contraloría General de la República y SERVIR señalando cada uno su espacio.

Indira Huilca (NP) sugirió que para aclarar los objetivos del proyecto de ley debería convocarse al Contralor General de República para que explique su propuesta. Por su parte, Luis López Vilela (FP) estimó que no solamente debe citar al Contralor sino al titular de SERVIR y al ministro de Justicia, porque de por medio hay sanciones de corrupción de funcionarios que se encuentran libres.

Después de consensuar, los parlamentarios aprobaron el proyecto con cargo de redacción.

La Comisión de Trabajo también sancionó, por unanimidad, el Plan de Trabajo que contiene más de diez funciones de fiscalización y de control político en todos los organismos públicos, a fin de que se garanticen los derechos laborales de los trabajadores.

Se precisa que se hará un seguimiento a los conflictos socio-laborales y a los programas y estrategias de promoción del empleo y verificación de sus resultados, así como las estrategias de fortalecimiento del seguro social público: SIS y EsSalud.

El grupo de trabajo aprobó, asimismo, su Reglamento interno y las normas de eco eficiencia para las comunicaciones con soporte electrónico, para la reducción del uso de papel, fotocopias, tinta en beneficio de la facilitación del trabajo y de la no afectación del medio ambiente.

En otro momento de la sesión, dirigentes de las tres centrales sindicales manifestaron sus discrepancias contras la política laboral del gobierno de Martín Vizcarra.

El secretario general de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), Elías Grijalba, manifestó que la política nacional de competitividad y productividad, que conduce el Ministerio de Economía, es atentatorio contra la clase trabajadora del sector público y del sector privado, “porque el ministro de Economía es una persona carente de sensibilidad social”.

“A ese ministro no le interesa los derechos laborales de los trabajadores. No le interesa que aquellos beneficios han sido conquistados en constante lucha  y muestra de ello son los mártires sindicales. Al ministro de Economía solo le interesa beneficiar a sus amigos empresarios del Club de la Construcción, Grupo Graña y Montero y Odebrecht”, agregó.