* Decreto perjudicaba a más de 240 mil trabajadores formales, dijo congresista Norma Yarrow autora de iniciativa que deroga disposición del Ejecutivo.

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera dejó sin efecto el Decreto Supremo, emitido por el Poder Ejecutivo, que prohibía a las empresas contratar por tercerización las actividades vinculadas al “núcleo del negocio”, lo que afectaría el empleo de miles de personas que son contratadas bajo esta modalidad de servicio.  

La congresista Norma Yarrow, autora de la iniciativa que derogó el referido decreto, señaló que “el empleo que demandan las micro y pequeñas empresas se iban a ver afectado, ya que muchas de ellas tienen ventas inestables y todos los años deben atender picos extraordinarios de ventas”. 

“Se estima que la pérdida de empleos por la implementación del Decreto Supremo iba a generar pérdidas de más de 240 mil empleos”, puntualizó.

Yarrow Lumbreras recordó que normas similares, dada por la ex ministra de Trabajo, Betssy Chávez, que se aplicaron en Ecuador, Bolivia y México, perjudicó a la clase trabajadora formal, con el consecuente incremento de la tasa de desempleo en general.

“Experiencias similares en Ecuador han reducido el empleo generado por la tercerización de un millón de empleos, a solo el 20%. En Bolivia, la restricción de las mineras para contratar a proveedores especializados, ha llevado a que se creen cooperativas de ex empleados que ofrecen los mismos servicios con condiciones de seguridad deficientes. En México, pasaron de 5 millones de empleos a 2.7 millones, después de la implementación de medidas similares”, comentó.

El proyecto aprobado además recoge la opinión de expertos que advierten positivamente que “la tercerización permite la flexibilidad necesaria para la innovación, dejando que las empresas que se encuentran en etapa de maduración puedan identificar eficientemente los nichos a los cuales dedicarse”.

“Este DS dado en la gestión de Betssy Chávez, además, contó con la opinión negativa del propio Banco Central de Reserva del Perú y la Asociación Peruana de Operadores Portuarios y otros gremios”, concluyó la parlamentaria de Avanza País.