En el conversatorio “Estimaciones sobre la dimensión de la minería ilegal en el Perú- 2025”, se señaló que, desde 2003, la minería ilegal ha crecido hasta convertirse en una amenaza nacional. Genera miles de millones, contamina, explota personas y se asocia al crimen organizado, mientras el Estado pierde capacidad para enfrentarla y carece de información básica para actuar.

La minería ilegal empezó aproximadamente en 2003 y, desde entonces, ha crecido tanto que se ha convertido en una amenaza para la economía y la seguridad nacional. Es una actividad actualmente vinculada al sicariato, la extorsión, los ajustes de cuentas, la trata y explotación de personas, y la corrupción.

De este problema se ocupan especialistas, funcionarios y algunas autoridades. Ellos saben que esta actividad ocasiona daños ambientales, genera riesgos a la salud por el uso de mercurio y amenaza la vida de los peruanos.

Martín Arana, líder de Gestión Territorial Amazónica de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), es uno de ellos. Arana expuso en el conversatorio “Estimaciones sobre la dimensión de la minería ilegal en el Perú- 2025”, un reporte sobre la dimensión de la minería ilegal en el Perú entre 2003 y 2023.

Para elaborarlo, analizó 16 estudios sobre minería ilegal realizados en esos 20 años, los cuales abordaron las brechas entre exportaciones de oro y volúmenes de producción. Una tercera parte de los estudios fue publicada en 2024.

El especialista realizó estimaciones mínimas y máximas de los volúmenes de producción de oro y del valor de su comercialización. La producción mínima estimada entre 2003 y 2023 fue de 475.83 toneladas, con un valor de comercialización de 23,361.48 millones de dólares; la producción máxima fue de 3,620.09 toneladas, vendidas por 165,357.57 millones de dólares.

El auge de esta actividad empezó en 2014. El pico más alto de producción fue en 2018, y el de valor de comercialización, en 2023. Es probable que el año pasado se hayan batido todos los récords debido al aumento del precio del oro, que superó los 3,200 dólares la onza.

En contraste, mientras aumentaban las ganancias, los recursos públicos para luchar contra los mineros ilegales se redujeron en 37 % desde 2019. Ese año el presupuesto fue de 121 millones de soles, y para 2024 disminuyó a 89 millones. “Es como pretender matar dragones con matamoscas”, dijo Arana.

Se sabe poco

Uno de los problemas más graves, según Arana, para enfrentar a los ilegales, es que el Estado no cuenta con un sistema integral de monitoreo de la minería ilegal. No se puede entonces dimensionar, optimizar ni hacer efectivas las políticas públicas para combatirla.

“La falta de variables e indicadores para dimensionar la minería ilegal, acordes con la realidad, se refleja en la insuficiencia o ineficacia de las medidas”, anotó.