“Miles de peruanos salieron a protestar en las regiones del país para exigir medidas más efectivas para enfrentar a los criminales, mientras que, según Ipsos, el 81 % de peruanos consideró a la minería ilegal una amenaza para la seguridad”
El paro nacional contra la inseguridad ciudadana, convocado por organizaciones sociales y gremios, se cumplió con matices en todas las regiones del país. Paralizaron o salieron en movilizaciones transportistas, obreros, profesores y ciudadanos de a pie, quienes expresaron su rechazo a las políticas gubernamentales y exigieron soluciones efectivas contra el crimen organizado que mata todos los días.
Autoridades y organizaciones sociales de Pasco rechazaron las leyes a favor del crimen organizado, las extorsiones, el sicariato y la minería ilegal, aprobadas por el Congreso; además, cuestionaron al gobierno por su incapacidad en la lucha contra la criminalidad.
El paro se desarrolló después de que, en la víspera, renunciara Gustavo Adrianzén a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), debido a sus desaciertos en materia de seguridad ciudadana y por haber minimizado el secuestro de 13 trabajadores en Pataz, que luego fueron ejecutados en una mina de socavón.
Rechazo a la minería ilegal
A propósito del secuestro y ejecución de 13 trabajadores en Pataz, La Libertad, una encuesta de Ipsos reveló que un tercio de los peruanos (31 %) consideró que los mineros ilegales son los principales responsables de la masacre, solo por debajo de quienes señalan al gobierno nacional (47 %) y por encima del Congreso (30 %).
Otro resultado del estudio señaló que 81 de cada 100 peruanos (81 %) considera que la minería ilegal es una amenaza para la seguridad nacional. Solo el 15 % cree que esa actividad ilícita no representa un peligro para el país. Asimismo, el 81 % pidió reemplazar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por un sistema de control más eficaz.
Mientras tanto, el 43 % de la población opinó que el trabajo minero debe continuar, pero con mayor seguridad; y el 28 % consideró que solo las mineras formales deben seguir operando, mientras que la actividad minera informal debe suspenderse.