“Aprueban obligatoriedad para uso del 1 % del presupuesto de gobiernos subnacionales para atención a personas con discapacidad”

Tras un intenso trabajo en el Congreso de la República, la Comisión de Presupuesto y el Ministerio de Economía aprobó la solicitud de la congresista Marleny Portero para que se obligue a los gobiernos subnacionales a utilizar el 1% de su presupuesto para atender las necesidades de las personas con discapacidad (PCD).

Como se recuerda, la vigésima novena disposición complementaria final del Proyecto de Ley de Presupuesto para el año fiscal 2022 solo autoriza a los gobiernos locales y regionales a utilizar el 0.5 % de su presupuesto a proyectos de inversión de mejora de la infraestructura y accesibilidad en favor de las PCD, y otro 0.5 % en gastos corrientes y programas de apoyo.

Durante la sesión del Pleno, donde se debatió el Presupuesto 2022, la parlamentaria sustentó su pedido para modificar la palabra “autorizar” por “obligar”, con el objetivo que exista un real trabajo para reducir las brechas de atención a las PCD en todas las municipalidades y gobiernos regionales del país.

El primer texto sustitutorio no incluía la modificatoria, solo una pequeña frase en la que se hace la exhortación para priorizar el gasto de este punto porcentual del presupuesto en favor de las personas con discapacidad, lo que deja aún a la voluntad política del alcalde o gobernador la inversión de estos montos.

Frente a esta situación, la legisladora Portero López solicitó una intervención para lamentar la falta de voluntad e interés del Gobierno central por ejercer una verdadera política de atención en favor de este importante grupo poblacional.

Ante el reclamo y con las coordinaciones con los equipos técnicos de ambas instituciones, previos a la votación de los proyectos de Endeudamiento Público, Equilibrio Fiscal y de Presupuesto 2022, el presidente de la Comisión, Héctor Acuña, dio cuenta de la decisión de hacer la modificación de la vigésimo novena disposición complementaria, la misma que culminó con su aprobación.

Lima, 26 de noviembre de 2021

DESPACHO CONGRESAL