“Orden de captura alcanza a otras siete personas”

Enmarrocado y con chaleco antibalas fue trasladado esta tarde, por efectivos de la Policía Nacional, el gobernador Juan Carlos Morillo Ulloa a la carceleta de la Corte Superior de Justicia de Áncash, con sede en Huaraz, para cumplir el mandato de detención preliminar dictaminado hoy en su contra por un caso de corrupción.

Morillo acudió esta mañana a la sede fiscal con la intención de entregar su pasaporte al representante del Ministerio Público, pero la Policía Nacional lo detuvo, ya que horas antes el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz había declarado fundado el pedido de detención en su contra.

Por más de tres horas, Morillo permaneció dentro de la sede de la Fiscalía Anticorrupción de Huaraz, donde participó de varias diligencias. Afuera de la institución, un gran contingente policial estableció un cordón y cercó la zona para evitar interrupciones en su traslado, pues la autoridad regional había acudido con portátil hasta el Ministerio Público.

Los agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) y de Requisitorias de Huaraz se encargaron de detener a Morillo Ulloa y llevarlo hasta la carceleta judicial.

Más implicados

La resolución judicial que ordena la detención de Morillo Ulloa alcanza a otras siete personas más, entre funcionarios regionales y empresarios.

Se encuentran en la lista Juan Mendo Sánchez, gerente de Administración de Áncash; Pedro Velezmoro Sáenz, titular de la Gerencia de Infraestructura; Wiliam Rojas Verau, subgerente de Estudios, y Renzo Alva Pinedo.

También se dictaminó la captura de Jhony Muñante Quispe, exgerente regional; Ángel Velásquez Abanto, subgerente de Abastecimiento de Áncash; Antonio Cerna Shuan y la empresaria chimbotana Ninel Romero, excandidata al Congreso de la República.

El caso está referido a presuntas irregularidades en la obra de construcción de módulos temporales para pacientes covid-19 en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote.

Allanan viviendas

En tanto, en la ciudad de Chimbote, un equipo de la Fiscalía Anticorrupción del Santa efectuó diligencias de allanamiento de viviendas que también estuvieron autorizadas por el juez de la causa.

Los representantes del Ministerio Público, Isabel Cristina Mendoza Rodríguez, Carlos Zárate Medina y Cinthia Miroslava Castillo Zapata, ejecutan estas acciones en apoyo al Octavo Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Corrupción de Funcionarios de Áncash que está a cargo del caso.