La Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato identificó más de 1,400 millones de soles como daño patrimonial al Estado en el proceso principal donde se investigan las irregularidades de la carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3.

Mediante un escrito presentado al Poder Judicial el pasado 28 de agosto, la Procuraduría enumeró todos los perjuicios económicos causados al Estado, los cuales se sustentan en pruebas ofrecidas por la Fiscalía, así como en peritajes económico-financieros sobre el proyecto.

"El daño patrimonial al Estado de más de 1,400 millones de soles es una parte de la reparación civil que estamos solicitando en este proceso penal. Este monto lo vamos a sustentar cuando se inicie el juicio en este caso. Identificarlo es importante porque además va a contribuir a que se acredite el delito de colusión que está imputando la Fiscalía a los procesados”, afirmó la procuradora ad hoc Silvana Carrión.

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La abogada del Estado sostuvo que, de manera adicional, la Procuraduría solicitó cerca de 2,000 millones de soles como daño extra patrimonial. 

"Esperamos que el Poder Judicial nos de la razón respecto a ambos montos de reparación civil, para que estos sean pagados de manera solidaria por las personas y empresas investigadas", agregó.

Asimismo, Carrión enfatizó que la procuraduría a su cargo ha realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar, durante el proceso judicial, el eventual pago de la reparación civil que asumirían todos los investigados por este caso.

"A la fecha, hemos logrado que se apruebe judicialmente el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht, que incluye un compromiso de pago de reparación civil de alrededor de 440 millones de soles, específicamente por el proyecto Interoceánica Sur, tramos 2 y 3. Eso es algo que ya se viene pagando", dijo. 

Además, la abogada precisó que la Procuraduría embargó bienes y acciones a los investigados por más de 250 millones de soles en este caso. 

"Con ambos montos, llegando a casi 700 millones de soles, se cubriría parte de la reparación civil que estamos solicitando", señaló.

Acusación 

La Fiscalía presentó acusación en este caso contra Alejandro Toledo (expresidente de la República), Avraham Dan On (seguridad del expresidente), Sergio Bravo Orellana y Alberto Pasco Font (miembros del comité de Pro Inversión); José Graña Miró Quesada, Hernando Graña Acuña y Gonzalo Ferraro Rey (Graña y Montero); Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone (JJC Contratistas Generales); y José Fernando Castillo Dibos (ICCGSA).

Asimismo, las empresas que formaron las concesionarias "Interoceánica Sur - Tramo 2 S.A." e "Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A.", y que han sido incorporadas en el proceso como terceros civilmente responsables a la solicitud de la Procuraduría son: Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e ICCGSA, además de incluir a las mismas empresas concesionarias.