“Congreso aprobó norma que quedó lista para su promulgación por el Poder Ejecutivo”

El Congreso de la República aprobó esta noche por mayoría, el proyecto de ley que “Incorpora en el Código Penal el Delito de Financiamiento de Origen Delictivo para las Organizaciones Políticas”, que quedó lista para su promulgación por el Poder Ejecutivo.

De acuerdo al texto sustitutorio, presentado por la presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, Rosa Bartra (FP), se incorpora el artículo 359–A, en el Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 635, con la siguiente redacción: “El que infringiendo la ley electoral o de organizaciones políticas, entrega o recibe, directa o indirectamente, financiamiento de origen delictivo a sabiendas de éste o debiendo razonablemente presumirlo, para grupos, alianzas o movimientos u otras organizaciones políticas, en proceso de registro o registrados, mediante aportaciones, donaciones o cualquier otra modalidad de financiamiento privado, es reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de diez años”.

Agrega que “la pena privativa de libertad es no menor de cinco años ni mayor de quince años y de ciento veinte a trescientos cincuenta días multas si el valor del dinero, bienes efectos o ganancias involucrados es superior al equivalente de quinientas unidades impositivas (500 UIT)”.

En su Disposición Complementaria se establece que la creación con carácter “facultativo en las organizaciones políticas, constituidas conforme a la legislación de la materia, un programa de cumplimiento de normas, incluyendo la designación de un oficial, de cumplimiento por cuenta de la ONPE, cuyas opiniones de ser atendidas, liberan de responsabilidad penal, civil y administrativa a las organizaciones citadas y sus integrantes”.

“El oficial de cumplimiento tiene poder de autonomía y tiene el deber de denunciar de forma oportuna las conductas que tengan una relevancia penal ante las autoridades competentes”, agrega el texto.

INFORME EN MINORÍA

Por su parte la congresista Marisa Glave (NP) sustentó su informe en minoría que proponía que "en el Perú se debe tipificar como un delito penal la financiación ilícita de las organizaciones políticas" y “tenemos que garantizar que los partidos sean independientes de las organizaciones económicas".

"Lo que queda claro es que la financiación prohibida o fuentes prohibidas tenga una sanción penal, eso tiene que tener una sanción penal, y es lo que tenemos que tipificar hoy. Hoy no es delito, que si alguien entrega recursos por fuera del tope, debe ser sancionado", subrayó.

“El informe en mayoría es un dictamen que para nosotros infringen el principio de concurrencia, de delito”, acotó.

OPINIONES

Bartra Barriga negó de manera enfática que este sea un “proyecto express” como lo afirmaron algunos parlamentarios. “Se ha dictaminado por unanimidad, proyectos que vienen del 2016, 2017 y 2018 ¿cuál ley express? Quizás a algunos no le conviene que comencemos a legislar sobre estos vacíos, un vacío de punibilidad respecto al financiamiento ilegal de campañas, ahora estamos legislando porque es un compromiso que asumimos”, comentó.

Estamos cumpliendo el compromiso y siguiendo absolutamente todos los plazos establecidos para este fin. Hemos escuchado y recogido opiniones a fin de presentar un texto sustitutorio incorporando las posiciones de diferentes bancadas, del Apra, de Peruanos Por el Kambio. Es un proyecto de ley aprobado sobre financiamiento de origen delictivo a las organizaciones políticas. Queda mucho por hacer, claro que sí. Este es un primer esfuerzo para llenar los vacíos que hay. Vamos a seguir trabajando la reforma política, electoral, y sobre todo, la reforma del sistema de justicia está en marcha y son nuestra responsabilidad. Este proyecto ha sido elaborado para evitar actos de corrupción que permitan la influencia de dinero ilícito en el financiamiento de organizaciones políticas, que generen posibles actos irregulares a partir del involucramiento ilícito en procesos de toma de decisiones públicas, con el subsecuente perjuicio en contra del Estado, indicó.

Bartra precisó que el proyecto no está condicionado al proceso electoral programado para el presente domingo, porque las normas sobre financiamiento ilegal ya están contenidas hace más de un año, en la ley de la materia. “Es una incorporación que llena un vacío de punibilidad incorporando un tipo penal específico como sanción al incumplimiento de las normas preexistentes sobre financiamiento de organizaciones políticas”, aclaró.

DEBATE

Durante el debate, los congresistas Humberto Morales (FA) y Gino Costa

(NoA) plantearon una Cuestión Previa, con el propósito que esta iniciativa retorne a comisiones. Sin embargo, el pedido no alcanzó votación favorable. Cuando se iba a continuar con la plenaria, el director de debates encargado en esos momentos, Segundo Tapia, se vio obligado a suspender la misma porque algunos parlamentarios se acercaron hasta la Mesa Directiva a reclamar, de manera airada, su conducción.

Participaron también de la discusión los legisladores Mauricio Mulder y Javier Velásquez Quesquén (PAP); Marisa Glave, Indira Huilca, Manuel Dammert y Richard Arce (NP); Marco Arana, Humberto Morales y Zacarías

Lapa (FA) y Gilbert Violeta (PPK), entre otros. (GC)

PRENSA –CONGRESO