Los casos de Juanita Mendoza y Eyvi Ágreda ponen en evidencia, una vez más, la crueldad y ferocidad con la que los agresores atacan a las mujeres, en el país. Lamentablemente, estos no son los únicos casos, sino que se suman a una lista de feminicidios y tentativas de feminicidios donde se ha utilizado la violencia extrema con la finalidad de destruir a las víctimas.

Según un estudio elaborado por la Defensoría del Pueblo, durante el 2017 y lo que va del 2018, se produjeron cuatro feminicidios por quemaduras en Arequipa; mientras que en Lima, ocurrieron otros dos; y en San Martín, Áncash, La Libertad, Cusco y Puno, se registró un caso en cada región.

En cuanto a las tentativas, se registraron seis casos: dos de ellos en Lima y el resto en San Martín, Áncash, Tacna, Cusco, Puno. En estos casos, las víctimas lograron sobrevivir pero con secuelas físicas y psicológicas que las marcarán de por vida.

En total, 17 mujeres atacadas cruelmente con combustible, con la intención de quemarlas y dañarlas severamente. 11 de ellas murieron.

Este mismo documento, ha identificado 09 ataques brutales contra mujeres en estado de gestación. Algunos de ellos con la finalidad de interrumpir el embarazo, que terminaron con la muerte de las víctimas. En Lima, La Libertad y Lambayeque se registró un caso en cada región. En otros seis casos las gestantes lograron sobrevivir.

Al respecto, la psiquiatra Martha Rondón, indicó que un factor que diferencia los feminicidios de otro tipo de homicidios es el uso de violencia extrema para producir la muerte. En ese sentido, el feminicidio, como ataque basado en las emociones tiene como objetivo destruir. Constituye una expresión de la cultura patriarcal, por lo tanto, el cambio cultural en busca de la construcción de una sociedad igualitaria es de la máxima prioridad.

Para el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, estos casos son una muestra de la gravedad de la violencia contra las mujeres en el Perú. Tan solo entre enero y mayo del presente año, se han registrado 66 casos de feminicidio, lo cual representa un aumento de 41% con la cifra registrada el año pasado para el mismo periodo.

En ese sentido, invocó a las autoridades a trabajar oportunamente  priorizando los derechos de las personas para frenar el avance de la violencia contra las mujeres.

La Defensoría del Pueblo, debe cumplir con la labor de supervisión del Estado en su rol preventivo  y de respuesta a la violencia, en especial a la calidad de la atención en los Centros Emergencia Mujer (CEM), sin embargo existe un retraso en la transferencia presupuestal autorizada legalmente, que afecta el cumplimiento de este mandato constitucional, siendo un obstáculo para implementar las acciones planificadas.