La comunidad nativa Samaniato perteneciente al Pueblo Indígena Ashaninka, está ubicada en la cuenca del Río Ene, del distrito de Río Tambo – Satipo – Junín, cuyo territorio ancestral pretende ser despojado por el GORE Junín desde el 2002 en favor del colono Oscar Carrera Lázaro quien invocó la aplicación del D.S. N° 005-91-AG.

En 1991 el gobierno de Alberto Fujimori emitió el D.S. N° 005-91-AG, norma que protegía la propiedad o posesión de quien abandonará o haya sido despojado de su predio a consecuencia del conflicto armado vivido por el Perú, y en merito a esta norma la titularidad o posesión del predio no podía obtener terceras personas posteriores. Por lo que, si los propietarios o legítimos poseedores requerían la reposición de la posesión o propiedad debían presentar a la Unidad Agraria: a) Certificado Policial o de la Autoridad Político – Militar de la zona; b) Documentos que acrediten la concurrencia de los actos de abandono o de despojo; c) Título de propiedad u otros documentos que acrediten el derecho de dominio o legitima posesión; y d) Diligencias que se estimen convenientes. Una vez presentados dichos documentos, la Unidad Agraria emitía Resolución declarando la Situación de Excepción del predio para la no afectación por cuestiones de abandono u otras acciones administrativas contenidas en la legislación de Reforma Agraria. Y una vez superada la situación de excepción sería calificada por la Unidad Agraria Departamental, el juez de tierras competente por el mérito de ambas resoluciones, sin mayor trámite, repondrá la posesión a las que hayan sido despojados o abandonados sus predios. 

 

En virtud a dicha norma, el colono Oscar Carrera Lázaro, solicitó en el 2002 la declaración de situación de excepción de su supuesto predio, el cual, según Carrera abandonó en 1991 por haber sido amenazado por terroristas, presentando: una minuta de transferencia de plantaciones en dicho territorio de fecha 06 de noviembre de 1986, un certificado de denuncia de fecha 16 de agosto de 1990 en el cual el Sr. Oscar Carrera hace abandono de su predio por amenazas de Sendero Luminoso, sin embargo dicho predio es parte del territorio ancestral de la comunidad Samaniato. La Dirección Regional Agraria (hoy Dirección Regional de Agricultura - DRAJ)  del GORE Junín, emitió Resolución Regional Agraria N° 042-2002-DRAJ-OAJ/J de fecha 22 de marzo del 2002 declarando la situación de excepción al predio y el 04 de junio del 2002, la Dirección Regional Agraria dispuso la calificación respecto de la situación de excepción del predio rustico mediante Resolución Regional Agraria N° 0076-2002-DRA-OAJ/J. Tomando conocimiento la comunidad de manera extraoficial sobre la afectación a su territorio ancestral, teniéndose casi 15 años de proceso judicial, y que a la fecha está en la recta final ya que la Segunda Sala Contenciosa Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima dispuso que el Ministerio de Agricultura emita nueva resolución que resuelva el fondo del asunto teniendo en cuenta el D.S. N° 005-91-AG y lo establecido por el convenio N° 169 de la OIT.

 

El Código Civil garantiza la protección del bien jurídico de la propiedad y la posesión enfatizando como aquel poder jurídico que permite usar, usufructuar, disfrutar, disponer, reivindicar un bien, y hace una clara distinción entre propiedad y posesión, sin embargo, este poder jurídico está sustentado desde la propiedad o posesión individual. Pero el Perú es un país pluricultural reconocido por la Constitución Política del Perú (numeral 19 del Art. 2) cuyas culturas emergen desde sus propia estructura social, política, económica y cultural, y cuyos derechos nacen desde la colectividad como pueblos. Así, el Art. 13 del Convenio 169 de la OIT refiere que los gobiernos deben respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos indígenas reviste su relación con las tierras o territorios, en particular los aspectos colectivos de esa relación. Por su parte el Art. 14 del Convenio N° 169 de la OIT, regula el derecho a la propiedad y posesión de los pueblos indígenas sobre sus territorios que tradicionalmente ocupan, y cuyo contenido jurídico se sustenta en la obligación de RECONOCIMIENTO, DELIMITACIÓN, DEMARCACIÓN Y PROTECCIÓN EFECTIVA DEL TERRITORIO, EL DERECHO A LA RESTITUCIÓN DEL TERRITORIO ANCESTRAL; el derecho a la consulta previa, libre e informada, y en su caso, al consentimiento frente decisiones que les afecten.  

 

Entonces el derecho de propiedad de los Pueblos Indígenas nace desde la propiedad colectiva, y se sustenta por la simple posesión ancestral es decir, propiedad y posesión constituyen el mismo derecho real para los pueblos indígenas, por ello, el convenio obliga a los gobiernos tomar todas las medidas necesarias para determinar las tierras que los pueblos indígenas ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad.

 

En el caso concreto, si bien el gobierno buscó proteger la propiedad y posesión en un contexto de conflicto interno (terrorismo), mediante el D.S. N° 005-91-AG, sin embargo, la Unidad Agraria tenía la obligación de tener mayor diligencia en mérito a lo dispuesto por el convenio el cual es aplicable en el Perú desde 1995, en virtud que le obliga a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la protección del derecho de propiedad de los pueblos indígenas, Y DISPONER DILIGENCIAS como un PERITAJE ANTROPOLOGICO – CULTURAL PARA CREAR CONVICCIÓN Y CERTEZA DE NO AFECTACION A UN TERRITORIO ANCESTRAL DE ALGUN PUEBLO INDIGENA, esto en razón que la zona en su gran mayoría es territorio indígena ancestral (cuya seguridad jurídica es obtenida en forma progresiva y cuyo proceso hace que a la actualidad aún se tenga territorios ancestrales no titulados, lo que no significa que no exista propiedad sobre la misma), y el índice de trafico de tierras o invasiones de colonos es alto; por ello, las diligencias no solo deben estar orientadas a simple notificaciones (notificaciones que deben ser efectuadas sin vicios de nulidad conforme a la Ley N° 27444) a la comunidad ya que el desconocimiento, la falta de recursos económicos para realizar gestión y la lejanía del lugar, incrementan la vulnerabilidad de violación al derecho a la propiedad de la comunidad; por lo que, adicional a esto, la Unidad Agraria  debió realizar de oficio un peritaje antropológico para determinar o descartar la existencia de posesión ancestral, el uso tradicional, expresado en un vínculo, más aun cuando al darse la inspección ocular en fecha 5 de agosto de 2002 se advirtió posesión de Ashaninkas de Samaniato.

 

Ashaninka de Samaniato dejan en claro que el Sr. Oscar Carrera NUNCA tuvo posesión de dicho territorio y cuya estructura social, política, económica y cultural de los Ashaninkas de Samaniato se edificó sobre el territorio que posesionan desde sus ancestros hasta la actualidad, por lo que existe contacto directo con el territorio ancestral hasta la actualidad, más aún dichos Ashaninkas lucharon en la pacificación contra el terrorismo por la afectación a sus derechos como personas y como pueblo indígena.

 

Siendo que la Segunda Sala especializado en lo contencioso administrativo de la Corte Superior de Lima dispuso que el Ministerio de Agricultura emita nueva Resolución resolviendo el fondo del problema, teniendo en cuenta lo establecido por el D.S. N° 005-91-AG Y LO ESTABLECIDO POR EL CONVENIO 169 DE LA OIT, también es de precisar que por competencias fue derivado al GORE Junín, quien a través de la Dirección Regional de Agricultura tiene la obligación de restituir el territorio ancestral de Samaniato conforme a la Ley.