Contraloría realizó auditoría a centro superior de estudios de Pasco

La Contraloría General de la República informó que detectó un presunto perjuicio económico por más de 200,000 soles en contra de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, en la región Pasco, tras realizar una auditoría de cumplimiento.

Precisó que esta auditoría se realizó al proceso de selección y ejecución del mejoramiento de los ambientes de la Facultad de Educación de la citada universidad.

La Contraloría indicó que este hecho se encuentra plasmado en el informe de Auditoría de Cumplimiento N° 142-2018-CG/CORECP-AC, el cual fue notificado al titular de la universidad el pasado 21 de mayo de 2018, a fin de que valoren las observaciones identificadas y dispongan las acciones correspondientes.

De igual forma, el informe se encuentra publicado en la página web www.contraloria.gob.pe en cumplimiento de la nueva Ley de Fortalecimiento de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control en aras de la transparencia y el acceso que lo mitiguen.

Principales observaciones:

  • Los servidores y funcionarios de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión habrían reformulado el expediente técnico, incrementado los metrados en algunas áreas de la infraestructura, modificando precios y las especificaciones técnicas, sobrestimando el valor referencial de la obra sin sustento técnico ni legal. Este hecho habría transgredido la Ley de Contrataciones del Estado y habría ocasionado un perjuicio económico por más de 185,000 soles.
  • Se otorgó la buena pro al Consorcio Educación Pasco pese a que este se encontraba impedido de ser postor porque uno de sus consorciados mantiene vínculo de parentesco de tercer grado de consanguinidad con un funcionario de la universidad. Esta situación habría afectado la transparencia y legalidad con las que deben regirse las contrataciones del Estado.
  • Funcionarios y servidores de la entidad autorizaron el pago de valorizaciones a favor del consorcio a pesar que este incumplió los plazos que señala el contrato y no se aplicaron las penalidades que correspondían. Además, se recibió la obra a pesar que el contratista no cumplió con concluirla. Este hecho habría ocasionó un perjuicio económico por más de 22,000 soles.

La Contraloría remitió el Informe de Auditoría con los recaudos y evidencias documentales correspondientes al Órgano Instructor competente para iniciar el procedimiento sancionador respecto de los 15 funcionarios y servidores señalados en el documento.

Entre los funcionarios comprendidos en este caso se encuentran: Henry Marcelo Solano, Marcelino Ramírez Rivera, Mirco Cantalicio Mori, Enrique Salcedo Romaní, Hebert Castillo Paredes, Jesús Canta Hilario, Noé Gómez Ricaldi, Marco Salvatierra Celis, Rosario García Yuli, Marlene Cárdenas Rivarola, Pablo Valentín Melgarejo, Fructuoso Suárez Mejía, Pedro Yarasca Córdova y Wilfredo Vicente Alonzo.

 

De igual forma, lo remitió a la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, para que inicie las acciones legales de carácter penal contra quienes resulten responsables.

 

Los servicios de control posterior son aquellos que se realizan con el objeto de efectuar la evaluación de los actos y resultados ejecutados por las entidades en la gestión de los bienes, recursos y operaciones institucionales.