Debe prevalecer el interés de los niños y niñas.

Defensoría del Pueblo solicita la implementación del Padrón Nacional de Docentes Alternos.

Ante el anuncio de una huelga magisterial indefinida a partir del 18 de junio del presente año, efectuado por las bases regionales del SUTEP, la Defensoría del Pueblo manifiesta que esta medida afectará el derecho a la educación de aproximadamente 6 millones de estudiantes de instituciones educativas públicas en todo el país.

La Defensoría del Pueblo recuerda que la huelga del año pasado supuso la pérdida de 30 días de clases, es decir 214 horas efectivas, además de la suspensión de la Evaluación Censal de Estudiantes 2017 que evalúa los logros de los aprendizajes en cada escuela.

En las visitas de supervisión, realizadas para verificar la recuperación de clases, se evidenció que en una cuarta parte de las escuelas visitadas faltaban docentes. Además, algunos gobiernos regionales no supervisaron dicho proceso de recuperación, ni brindaron la debida orientación a los padres y madres de familia.

Por tal motivo, la Defensoría del Pueblo insiste en la necesidad de implementar el Padrón Nacional de Docentes Alternos, contemplado desde el año 2007 en la Ley que declara la Educación Básica Regular como Servicio Público Esencial, y que tiene como objetivo central evitar que los alumnos y alumnas pierdan horas de clase, lo cual vulnera su derecho fundamental a la educación. Dicho padrón es un registro de profesionales aptos para prestar el servicio educativo en caso de paralización de labores del personal directivo, jerárquico, docente, auxiliar de educación, administrativo y de servicio.

La Defensoría del Pueblo advierte que la afectación del derecho a la educación a causa de una huelga se torna irreparable e impacta directamente en los logros de aprendizaje, razón por la cual las autoridades educativas, el personal docente y la sociedad en su conjunto tienen el deber de fomentar el diálogo y cualquier otro medio de resolución de conflictos que evite la paralización de clases.

En salvaguarda de los derechos de millones de escolares, se invoca al Ministerio de Educación y quienes tienen representatividad institucional formal y material en el magisterio a privilegiar la solución de las controversias sin interrupción de las labores educativas.