“Legislador Edwin Donayre insta a gobernadores regionales a implementar leyes para atender la discapacidad”

Pese al recorte presupuestal que sufrió el Ministerio de Trabajo que le impidió contratar  un mayor número de fiscalizadores laborales, las empresas que contratan a personas con discapacidad van  en aumento respecto a los años anteriores.  Sin embargo,  aún son incipientes estas cifras,   reconoció el Ministro de Trabajo Christian Sánchez Reyes, durante su participación en la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad que preside el congresista Edwin Donayre (APP).

El número de empresas privadas que contrataron personas con discapacidad se incrementó del 2015,  al 2017. Sin embargo,  el año  2016, de las 1,142 empresas que contrataron personas con discapacidad, solo 28 ( 2%)  cumplieron la cuota laboral.  98% contrataron PCD sin cumplir la cuota del 3%.

De igual manera, en el 2017, de las 1378 empresas que contrataron personas con discapacidad, solo 43   cumplieron la cuota y 97% contrata sin cumplir  la cuota establecida del 3% (Según lo establece la Ley Nº 29973, Ley General de Personas con Discapacidad).

Donayre Gotzch, instó al titular de Trabajo a poner mayor énfasis en el cumplimiento de la cuota de empleo tanto en la empresa privada como Estatal y felicitó al ministro por ser el único ministerio en acatar la ley de las cuotas laborales para (del 5%) para las empresas del Estado.

Por unanimidad  se aprobó el Proyecto de Ley 1342/2016-CR que modifica la Ley General de la Persona con Discapacidad. En ella se establece la ‘obligatoriedad del uso del total del presupuesto institucional asignado en el correspondiente año fiscal a los gobiernos locales y regionales para realizar obras y otros para la atención de la persona con discapacidad’.

El legislador Humberto López Vilela (FP), autor de la propuesta, afirmó que los gobiernos regionales y locales deberán llevar obligatoriamente un registro de las personas con discapacidad de su jurisdicción, debiendo coordinar con el CONADIS a fin de mantener actualizado el registro y proyectar obras que coadyuven al mejoramiento de la accesibilidad en la infraestructura urbana de las ciudades, financiar los gastos operativos de las oficinas municipales y regionales de atención a las personas con discapacidad.(Oredis y Omaped).