Deterioro de paredes, techos y falta de accesibilidad para personas con discapacidad son las principales observaciones.

Recursos para reparaciones todavía no son distribuidos a las II.EE.

A partir de la supervisión a colegios públicos efectuada por sus oficinas a nivel nacional, la Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por el estado de la infraestructura en algunos locales escolares públicos, situación que pone en peligro la integridad de estudiantes y docentes, especialmente a pocos días para el inicio clases.

Los hallazgos más preocupantes en los colegios visitados por las oficinas defensoriales son: deterioro de paredes y techos de las aulas, baños y sanitarios en mal estado, cercos perimétricos colapsados, la falta de accesibilidad para personas con discapacidad (falta de rampas y sanitarios adaptados). Asimismo, existen locales sin inspección técnica de seguridad por parte del gobierno local y no cuentan con señales de  zonas seguras y rutas de evacuación.

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo recuerda que por mandato de la Ley de Presupuesto del Sector Público 2018, el Ministerio de Educación (Minedu) debe destinar 378 millones de soles para el programa anual de mantenimiento de la infraestructura y mobiliario escolar. Igualmente corresponde asignar 5 millones de soles para la adecuación de la infraestructura y adquisición de material pedagógico para las instituciones educativas que atienden a estudiantes con discapacidad. Sin embargo, a la fecha estos recursos no han sido distribuidos a las II.EE.  

Por tal motivo, nuestra institución formalmente recomendó al Minedu que apruebe a la mayor brevedad la norma técnica que precisa la implementación del Programa Anual de Mantenimiento para el año 2018; y, al Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), que emita la relación de locales escolares que serán incluidos en el programa de mantenimiento del presente año.

La Defensoría del Pueblo reitera su preocupación por la seguridad de los niños, niñas y adolescentes en las escuelas públicas y sostiene la urgente necesidad de avanzar en el cierre de la brecha de infraestructura, que fue evidenciada por el censo del año 2013 que comprobó  que el 48% de las edificaciones escolares públicas requiere ser sustituido y el 18% necesita ser reforzado.

 

La Institución continuará con sus acciones de supervisión para salvaguardar los derechos de millones de escolares en todo el país.