Situación preocupa a la Defensoría del Pueblo

La brecha más amplia se registra en el acceso al derecho a la salud.

El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, expresó su preocupación por el escenario actual en que las mujeres en nuestro país continúan siendo la población con más problemas para acceder a servicios básicos de salud, puestos de trabajo y justicia. En ese sentido demandó a las autoridades municipales, regionales y al gobierno central a adoptar acciones efectivas y coordinadas para superar esta situación. 
Gutiérrez Camacho informó que el acceso de las mujeres al derecho a la salud continúa siendo la brecha más amplia. Según el informe de Thomson Reuters del 2017, la ciudad de Lima ocupa el primer lugar entre las metrópolis con más de 10 millones de habitantes en la que las mujeres tienen un precario o nulo acceso a seguros de salud, incluyendo el cuidado de su salud sexual y reproductiva. Esta situación se agudiza en el interior del país por la falta de servicios especializados y de calidad, especialmente para las mujeres andinas y amazónicas. Estas carencias las exponen a situaciones de muerte materna, las que en el año 2017 ascendieron a 377 casos.



En el ámbito laboral, a pesar de que el 57% del total de egresados de las universidades son mujeres, estas son remuneradas por debajo del promedio nacional. No menos preocupante resulta el hecho que el 57% de mujeres que trabajan se encuentran en situación de subempleo, manifestó el Defensor del Pueblo.

Asimismo, refirió que el 59% de las mujeres que no se encuentran contabilizadas dentro de la población económicamente activa se dedica al trabajo del hogar no remunerado. El 72% del total de horas dedicadas a estas labores son aportadas por mujeres. En el año 2010, el valor del trabajo doméstico no remunerado en el Perú hubiese equivalido al 20,4% del Producto Bruto Interno (PBI). Además, no existe una corresponsabilidad al distribuir el trabajo del hogar entre los integrantes de la familia.

En cuanto a la participación política, si bien aumentó de 28 a 36 parlamentarias, su presencia en cargos de elección popular sigue siendo significativamente menor frente a la de sus pares masculinos. Solo una mujer ha sido electa como gobernadora regional. Igualmente sólo el 3% de municipalidades provinciales tiene a una mujer como alcaldesa. Esta limitación tiene entre sus causas el acoso político del cual son víctimas 4 de cada 10 candidatas. Y si logran ser elegidas, 2 de cada 5 sufren este vejamen (JNE, 2017).

Para la Defensoría del Pueblo resulta muy preocupante la información del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en el sentido que el número de casos denunciados por violencia familiar, atendidos a nivel nacional el año 2017, aumentó en 33% frente al año anterior. La violencia contra las mujeres le genera al Perú costos equivalentes al 4% de su PBI.

Para superar las referidas diferencias es fundamental el rol que cumplen los medios de comunicación. Gutiérrez refirió que estos permiten a las autoridades tomar nota de los casos que más afectan el desarrollo personal y profesional de las mujeres, especialmente de aquellas que habitan en el interior del país. 

Dijo que el Estado peruano debe “alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer”, según la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará, 1996). 

Recordó que en las Estrategias de Nairobi (1990) se reconoce la influencia de los medios de comunicación en el fortalecimiento de roles y estereotipos de género que justifican la violencia de la que son víctimas las mujeres” y frente a los cuales se debe continuar luchando, como se hace en el Perú, desde un responsable ejercicio informativo y generador de opinión pública.