“Se optimizará todo el sistema orientado a prevenir y luchar contra la corrupción”

Quedó lista para la promulgación por el poder ejecutivo la ley de fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, que tiene como finalidad modernizar, mejorar y asegurar el ejercicio oportuno, efectivo y eficiente del control gubernamental, así como de optimizar sus capacidades orientadas a la prevención y la lucha contra la corrupción.

Fue luego que el pleno del Congreso aprobara por el voto unánime de 102 congresistas a favor y en primera votación; y por 103 votos en segunda votación.

Previamente el Presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Rolando Reátegui, anunció que en el texto sustitutorio del dictamen correspondiente se incorporaron las sugerencias y aportes de los parlamentarios de distintas bancadas políticas que previamente habían participado en el debate.

En su sustentación el legislador fujimorista dijo que el dictamen recoge las iniciativas de los legisladores Elard Melgar (FP), Richard Acuña (APP) Juan Sheput (PPK) Justiniano Apaza (FA) la propia Contraloría y uno de su autoría.

Entre las principales modificaciones se encuentran el acceso directo, masivo, directo, permanente, en línea, irrestricto y gratuito, de los órganos de control a la información de las bases de datos de las entidades sujetas a control sin limitación, aunque sea secreta, a excepción de las protegidas expresamente por la ley.

Otra novedad es que los informes de una acción de control serán de conocimiento público, luego que éste haya sido notificado a la entidad sujeta a control y a los funcionarios supervisados.

En cuanto a los impedimentos para ser Contralor General de la República, la norma incorpora  a aquellas personas que tienen sentencia firme por delitos de corrupción de funcionarios públicos.

La norma también dispone que se existan hasta dos Vicecontralorías, cuyos funcionarios son designados por el Contralor General de la República. 

A la Contraloría se le otorga potestad sancionadora por cuanto determina la responsabilidad administrativa funcional e impone una sanción derivada de los informes de control. Dichas sanciones serán consignadas en un Reglamento que aprobará la Contraloría en un plazo máximo de 90 días.

La norma establece que habrán Salas del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas que estarán conformadas por tres miembros elegidos por concurso público de méritos a cargo de la Contraloría y que ejercerán el cargo por 3 años, renovables por única vez.

Otra de las disposiciones es que el personal de las Oficinas de Control Interno, que en la actualidad dependen de cada una de las instituciones, sujetas a supervisión, pasarán a formar parte de la Contraloría General, para lo cual a esta institución se le transferirás los recursos económicos de dichas entidades de origen. 

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Rolando Reátegui, dijo que el texto sustitutorio también fue coordinado con los funcionarios del ministerio de Economía y Finanzas, así como de la Contraloría General de la República.

Explicó que la quinta disposición complementaria final establece que se constituirá una comisión encargada de evaluar y proponer las acciones destinadas al pago de la deuda que mantienen el Estado peruano con los jubilados integrantes de la asociación de cesantes de la Contraloría, en cumplimiento de una sentencia del Corte interamericana de Derechos Humanos del año 2009.

Dicha comisión la integrarán un representante del MEF, uno del Ministerio de Justicia y otro de la Contraloría.

Reátegui agradeció muy especialmente todos los aportes de los parlamentarios Javier Velásquez Quesquén (CPA), Richard Arce, Manuel Dammert y Marisa Glave (NP), María Foronda, Justiniano Apaza, Jorge Castro (FA), Esther Saavedra, Mártires Lizana, Marco Miyashiro, Carlos Domínguez, César Segura (FP) Yonhy Lescano (AP) y César Villanueva (APP). (LGT)