“Pleno aprueba que sentenciados por estos delitos no podrán postular en elecciones municipales y regionales”

La Representación Nacional aprobó esta tarde aprobar la ley que excluye a los condenados por los delitos de terrorismo sin excepción, tráfico ilícito de drogas, corrupción y violaciones sexuales para que participen como candidatos en las elecciones municipales y regionales programadas para el próximo mes de octubre.

Fue al aceptarse multipartidariamente la observación remitida el pasado mes de diciembre por el Poder Ejecutivo a la autógrafa correspondiente y que planteó corregir el texto original que exceptuaba de esta prohibición legal a aquellas personas que fueron objeto de indulto razonado.

Puesta al voto el dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento Interno del Congreso que aprobó por unanimidad que el Parlamento se allane a la observación gubernamental con este resultado: 93 legisladores a favor, 9 votaron en contra y una abstención.

De inmediato, el presidente del Congreso, Luis Galarreta Velarde, dispuso que la Representación Nacional apruebe el acta correspondiente de esta votación para remitir la autógrafa de la futura ley al diario oficial El Peruano con la finalidad que esta tarde se publique en una separata especial de las Normas Legales.

Ello en razón que cualquier modificación a la legislación electoral debe regir antes que el Ejecutivo convoque las próximas elecciones regionales y ediles, cuyo plazo se vence mañana miércoles.

Antes de este pronunciamiento multipartidario, correspondió a la presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento Interno del Congreso, Ursula Letona (FP) sustentar el dictamen que planteaba que el Parlamento se allane a la observación y acto seguido se inició un amplio debate plural con participación de los legisladores Alberto de Belaunde (NA); Gino Costa y Vicente Zeballos (PPK); Javier Velásquez Quesquén (CPA); Marisa Glave, Indira Huilca, de Nuevo Perú; Marco Arana,Maria Elena Foronda y Wildert Rozas, de Frente Amplio; Edwin Donayre (APP) y, finalmente,  Héctor Becerril, Luz Salgado, Edu Vergara, Lourdes Alcorta, de Fuerza Popular.

De Belaunde y los representantes del Frente Amplio coincidieron en rechazar la observación del Poder Ejecutivo a esta propuesta legal alegando que sí deberían participar como candidatos en los próximos comicios electorales aquellos que fueron objeto del denominado "indulto razonado" porque recibieron una injusta condena por terrorismo.

Velásquez y Becerril retrucaron ese argumento alegando que la comisión que en la segunda mitad de la década de los noventa presidió Hubert Lanssiers y que detectó que muchos inocentes fueron presuntamente condenados injustamente por el delito de terrorismo "de ninguna manera reemplazó al Poder Judicial. ¡Acá no podemos hacerle el juego al terrorismo! Esa figura del indulto razonado fue una creación doctrinaria por aquellos que veían a los terroristas como adversarios políticos cuando en realidad son hordas de criminales".

"Me parece muy bien la observación que ha hecho el Poder Ejecutivo. Ese indulto razonado no nos obliga de ninguna manera. Así como somos firmes para impedir que los condenados por corrupción no sean nuevamente autoridades políticas elegida por el voto popular, ¿por qué los indultados por terrorismo --que muchos de ellos no han tenido la posibilidad de arrepentirse y siguen actuando- les vamos a habilitar el camino para que sean candidatos? ¡No! La democracia no puede ser boba", dijo Velásquez Quesquén.

Glave y Huilca propusieron una "fórmula alternativa que permita subsanar cualquier tipo de restricción a los derechos políticos de quienes fueron encontrados inocentes de procesos que no se llevaron siguiendo el debido proceso a base de puro testimonio sin mayor fundamento. Eso nos colocó una precarización de los derechos humanos".

Gilbert Violeta y su colega Zeballos, de la bancada Peruanos por el Kambio, se dirigieron a sus colegas reunidos en el hemiciclo invocando que "tenemos que tomar una decisión".

"¿Qué busca esta ley? Que los condenados por terrorismo, corrupción y violaciones sexuales no puedan ser candidatos electorales. ¿Se puede generar una excepción a quienes fueron beneficiadas de un indulto por la Comisión Lansierrs? La Comisión Lansierrs no es un juzgado, un tribunal o una corte que genere sentencia”, alertó Violeta.

Sus colegas de Fuerza Popular Lourdes Alcorta, Luz Salgado y Edu Vergara manifestaron que ha llegado la hora de definiciones frente al terrorismo por lo que no cabe dar ningún espacio para que quienes azotaron al país con violencia y crímenes tengan la opción de ocupar algún cargo de elección popular. "No lo podemos permitir. ¿Terrorismo en este país? Nunca más. Aquí no hay color, todos contra el terrorismo para que los asesinatos de los años ochenta no se repita", dijo Alcorta. 

Becerril dijo que Fuerza Popular "siempre va a cuidar a la Patria y el Estado para evitar que estas hordas asesinas puedan reagruparse. Por eso esta bancada fiel a sus principios vamos a allanarnos a esta observación del Ejecutivo porque no es momento para dilaciones. Es el momento de tomar acciones. Es el momento de saber quién es quién en el Congreso y en el país".(JSR)