"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

 

EL INDECOPI PUBLICA TODOS LOS REGLAMENTOS DEL DECRETO LEGISLATIVO 1256 LEY DE PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS

Categoría: Institucional Publicado el Viernes, 17 Febrero 2017 Escrito por YARINA DIRA DE LA TORRE GUILLEN INDECOPI PASCO Visitas: 49

“Reglamentación permitirá activar todas las ventajas antibarreras”

Para desincentivar la imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad por parte de las entidades de la administración pública, el Indecopi publicó cuatro normas que no solo buscan la disuasión a través de la imposición de sanciones, sino también la persuasión mediante la publicación de resoluciones y la creación de rankings; además de la supervisión del efectivo cumplimiento de lo resuelto por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB). La finalidad es facilitar la inversión y el desarrollo económico en el país.

Las resoluciones aprobadas por la Presidencia del Consejo Directivo del Indecopi y publicadas el 11 de febrero en el Diario Oficial El Peruano, dan cumplimiento a lo establecido en diversos artículos del Decreto Legislativo N° 1256 (‘Ley Antibarreras’).


Entre los mecanismos que se pondrán en práctica figura el reporte de acciones adoptadas por las entidades para la eliminación de barreras burocráticas. Este establece que en un plazo máximo de un mes, contado a partir del día siguiente de la notificación de la resolución que quedó consentida o agotó la vía administrativa, las entidades están obligadas a remitir un reporte a la CEB en el que informen cuáles fueron las acciones que realizaron respecto de las barreras burocráticas declaradas ilegales y/o carentes de razonabilidad.


Otro mecanismo es la publicación de las resoluciones emitidas en los procedimientos de identificación y eliminación de barreras burocráticas. Así, se establecen las reglas para la publicación en el diario oficial El Peruano de los extractos de las resoluciones emitidas por la CEB o por la segunda instancia dentro de i) procedimientos iniciados a pedido de parte o de oficio, en los que se haya declarado la ilegalidad de una barrera burocrática contenida en una disposición administrativa; y, ii) procedimientos iniciados de oficio, en los que se haya declarado la carencia de razonabilidad de una barrera burocrática contenida en una disposición administrativa.

La implementación de los rankings de entidades de la administración pública en materia de barreras burocráticas, destaca entre la normativa aprobada y establece la elaboración de tres rankings: i) Entidades que hayan impuesto la mayor cantidad de barreras burocráticas declaradas ilegales y/o carentes de razonabilidad a nivel nacional; ii) Entidades que hayan eliminado voluntariamente barreras burocráticas antes del inicio de un procedimiento administrativo o antes de la emisión de una resolución final por parte de la CEB o la segunda instancia; y, iii) Entidades que han implementado medidas de prevención para no imponer barreras burocráticas.


 Los ranking serán publicados en el portal web del Indecopi, de esta manera los ciudadanos y los agentes económicos conocerán el nivel de cumplimiento respecto de la eliminación de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad.

 

Otro aspecto contemplado en las normas aprobadas radica en la imposición de sanciones. De esta manera se modifica la Tabla de Graduación, Infracciones y Sanciones de la CEB con el objeto de disuadir a los funcionarios de las entidades para que no impongan barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad.

 

En ese aspecto, se incorporan nuevos supuestos infractores y una metodología para determinar las sanciones a imponer tanto a personas naturales como a las entidades, de hasta 20 UIT.

 

Entre estas infracciones, podemos mencionar las siguientes:

 

  • Exigir requisitos adicionales a los establecidos en la Ley para el fortalecimiento de la expansión de infraestructura en telecomunicaciones y su reglamento.

 

  • Suspender la tramitación de procedimientos administrativos sin tener una ley o mandato judicial que lo autorice.

 

  • Desconocer el efecto del silencio administrativo positivo.

 

  • Desconocer la aprobación automática.

 

  • Imponer un plazo a la vigencia de las autorizaciones otorgadas para la realización de actividades económicas.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                             

  

 

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